El gobierno de EEUU está contratando a firmas privadas para reclutar, alquilar y entrenar civiles que realizan tareas que normalmente ejecuta el personal militar. Estos empleados corporativos son enviados a desempeñarse como guardias de prisiones, policías militares e interrogadores en las instalaciones militares de EEUU de todo el mundo, incluyendo Irak, Afganistán y Cuba.

Debido a que estos empleados en rigor no pertenecen al personal militar de EEUU, “técnicamente” carecen de responsabilidad ante la ley militar. Muchos de los reclutados son individuos con experiencia anterior como policías o soldados. Sin embargo, una gran cantidad de estos empleados tiene antecedentes como mercenarios y soldados que sirvieron a regímenes represivos a través del mundo, por ejemplo en Sudáfrica, Chile y Yugoslavia. Recientemente, empleados de algunas de estas firmas fueron señalados en los abusos contra los detenidos de la prisión de Abu Ghraib en Irak.

El Pentágono arguye que no puede librar ninguna guerra prolongada contra el terrorismo sin la ayuda de alistados de contratistas privados. La razón de esta incapacidad radica en que el número de tropas activas de la fuerza militar de EEUU descendió desde 2,1 millones a 1,4 millones desde el término de la guerra fría. Esto aplica mucha presión sobre las compañías privadas para llenar las posiciones vacantes lo más rápidamente posible. Otra consecuencia negativa del sistema de empleo adoptado es la ausencia de una revisión seria de los antecedentes de los aspirantes. Muchos reclutados estuvieron implicados en anteriores violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinato y tortura. Negocio