En las últimas dos décadas, el VIH/sida pasó de ser una enfermedad mortal a una de tipo crónico-degenerativa, en la cual los pacientes requieren de un coctel de medicamentos que les permita mantener su calidad de vida, pero cuyo costo resulta sumamente elevado para el escaso poder adquisitivo de la mayoría de la población afectada.

El gobierno de Felipe Calderón se comprometió a garantizar el acceso universal a medicamentos antirretrovirales para los pacientes con este padecimiento, lo cual entraña retos significativos en términos de ampliación de la cobertura, recursos y transparencia.
Lo anterior, sobre todo, porque el déficit resulta significativo, de 110 mil 339 casos de sida detectados en el país, sólo 19 mil 800 pacientes recibirán los medicamentos antirretrovirales del Programa de Acción para la Prevención y Control del VIH/Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual durante 2007 y 2008. En el Distrito Federal, de 20 mil 520 casos de sida registrados en 2006, sólo cuatro mil 290 recibirán esos medicamentos. En el Estado de México, de 11 mil 527 personas, lo recibirán mil 449; en Veracruz, de nueve mil 859, sólo mil 775, por mencionar a las tres entidades con el mayor número de casos detectados (ver cuadro).

Para la atención a los 19 mil 800 pacientes se destinaron, en el año 2007, mil 179 millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

Sin embargo, la compra de medicamentos antirretrovirales posee dos ángulos que es preciso enfatizar, el mecanismo de compra y el hecho de que las adquisiciones gubernamentales se han convertido en un negocio altamente redituable para un pequeño grupo de empresarios de la rama farmacéutica. Las patentes duran 20 años. Durante ese tiempo, el laboratorio que obtuvo la patente puede venderla a un precio exorbitante, para recuperar la inversión que hizo en investigaciones y desarrollo.

Una primera opción es revisar y modificar el procedimiento de adquisición de estos medicamentos de tal manera que, con una adecuada planeación, las compras se realicen por medio de licitaciones públicas y de forma consolidada a un año, con lo cual, a decir de especialistas en adquisiciones gubernamentales, pueden obtenerse mejores precios. No se debe soslayar que manipular el abasto, jugar con las existencias, para luego justificar la adjudicación directa, constituye la puerta de entrada a la corrupción y el favoritismo.

La segunda opción consiste en abordar este asunto como una cuestión de Estado, de modo tal que el presidente de la República, mediante su secretario de Hacienda, negocie con los laboratorios directamente la compra anual de medicamentos, como ocurre en países como Brasil, donde el presidente se encarga directamente de este asunto. Otra vía sería la declaración de una emergencia de salud, de manera que el gobierno federal pueda adquirir genéricos o producir los antirretrovirales que componen el coctel para los enfermos de VIH/sida.