Las empresas en México pagan entre 40 y 60 mil millones de pesos cada año en sobornos para obtener favores de funcionarios públicos, legisladores y ejecutivos de otras firmas, confirmó un estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

El objetivo puntual y concreto, agrega, es ganar licitaciones, obtener contratos, incidir en el contenido de leyes, reglamentos y otras disposiciones o simplemente hacer negocio con otras entidades privadas.
De acuerdo con la Encuesta Sobre el Costo de la Regulación para las Empresas en México 2007, esta práctica no ha desaparecido y genera cuantiosas ganancias a quienes la ejecutan.
El estudio fue aplicado por el organismo empresarial, la embajada Británica y Berumen y Asociados, a 400 firmas del Área Metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En ella se destaca que, en una calificación de 1 a 7, el mayor obstáculo para las empresas es la inseguridad (5.5), piratería y economía informal (5) y la debilidad en el funcionamiento del Poder Judicial (4.5). También destacan la actuación de sindicatos y falta de transparencia en el diseño de leyes y políticas para abrir un negocio.
Entre las barreras de mercado, figuran los impuestos (4.2), monopolios privados y transacciones ilegales entre empresas (3.8), los monopolios del sector público, el acceso al financiamiento, los problemas de logística, la rotación de personal y la disparidad de la mano de obra, todos con (3.7) ocupan el segundo lugar.
En tercer sitio están los costos generados por la operación de las empresas, entre ellos las dificultades para obtener insumos como energía eléctrica, mano de obra, agua y los malos servicios para obtener permisos y licencias. Los encuestados dijeron que el costo total de estos problemas equivale hasta un 22 por ciento del valor total de sus ventas en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, 20 por ciento en Guadalajara y 17 por ciento en Monterrey.

En importancia según su costo, la regulación en materia fiscal y financiera representa el 14.8 por ciento de las ventas, siendo éste mayor en Monterrey, donde representa cerca de 16 por ciento, en Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México 15 por ciento y 14.5 por ciento, respectivamente.
A los anteriores, se suman en cuarto lugar los costos de la regulación derivados de la calidad de los servicios públicos.